En los últimos días, los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño han sido el escenario de una escalada de violencia protagonizada por las disidencias de las FARC, específicamente el grupo autodenominado Estado Mayor Central. Estos ataques han generado una grave crisis de seguridad, dejando varias víctimas y daños materiales significativos.
En el Valle del Cauca, un atentado con explosivos dirigido a la Tercera Brigada del Ejército en Cali causó pánico en la comunidad local. Durante la madrugada del mismo día, en el municipio de Jamundí, la estación de policía de Robles fue atacada con cilindros explosivos y disparos, provocando daños a la infraestructura policial.
Igualmente en Cajibío, Cauca desde las 4:30 a.m., se registraron hostigamientos a la estación de policía, lo que obligó a la intervención del Ejército con unidades terrestres y aéreas. Además, un enfrentamiento en Suárez, cerca de la represa Salvajina, dejó varios heridos entre las fuerzas del orden y los atacantes. En otro incidente, una patrulla de la Policía de Tránsito fue emboscada en la vía Piendamó-Tunía, resultando en la muerte de un uniformado y lesiones a varios otros ciudadanos.
También las instalaciones del Gaula Militar en Tumaco, Nariño fueron atacadas con una granada, resultando herido un Infante de Marina. Este ataque se suma a una serie de hostigamientos que han aumentado la tensión en la región, afectando tanto a la población civil como a las fuerzas militares y policiales.
La situación se ha agravado desde que el presidente Gustavo Petro ordenó la suspensión del cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC en marzo de 2024, tras un ataque a una comunidad indígena en Toribio, Cauca. Esta medida ha intensificado los enfrentamientos, complicando aún más el panorama de seguridad en estos departamentos.
Las autoridades locales y nacionales han intensificado las operaciones militares y policiales para contener la violencia, ofreciendo recompensas por información que conduzca a la captura de los responsables y reforzando la presencia de fuerzas de seguridad en las zonas afectadas.
Esta ola de violencia no solo pone en riesgo la vida de los habitantes, sino que también afecta gravemente la estabilidad y el desarrollo de estas regiones, aumentando la urgencia de soluciones efectivas y sostenibles para lograr la paz en Colombia.
