Las empresas de servicios públicos en Colombia deberán reemplazar sus recibos impresos por facturas electrónicas a partir de enero de 2025, según la reciente Resolución 008 de 2024 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Este cambio forma parte de los esfuerzos del gobierno para modernizar y hacer más eficiente el sistema de facturación, además de alinearse con prácticas sostenibles que reducen el uso de papel.
El Acto Administrativo establece que todas las empresas de servicios públicos, incluidas las de energía, agua, gas y telecomunicaciones, deben adoptar la facturación electrónica como el método principal para emitir sus cobros. Este proceso no solo busca reducir costos administrativos y operativos, sino también mejorar la transparencia y el control fiscal por parte del Estado.
La transición hacia la facturación electrónica implica que los usuarios comenzarán a recibir sus facturas a través de correos electrónicos u otras plataformas digitales. Para garantizar una implementación exitosa, las empresas deben actualizar sus sistemas tecnológicos y capacitar a su personal en el manejo de estas nuevas herramientas digitales.
Entre los beneficios de la facturación electrónica se encuentran la agilización en la emisión y recepción de facturas, reducción de errores, y un menor impacto ambiental debido a la disminución del uso de papel. Además, permite a los usuarios acceder a sus facturas de manera más conveniente y segura a través de plataformas digitales.
Para cumplir con esta normativa, las empresas deben asegurarse de tener los sistemas tecnológicos adecuados y seguir los lineamientos especificados por la DIAN. Esto incluye el registro y la validación de las facturas electrónicas a través de los sistemas dispuestos por la entidad.
Los prestadores de servicios públicos están en un periodo de adaptación que les permitirá cumplir con esta nueva exigencia antes de la fecha límite. Se recomienda a las empresas iniciar cuanto antes con la implementación de los sistemas de facturación electrónica y la capacitación de su personal para evitar inconvenientes cuando la normativa entre en plena vigencia.
