El informe de Human Rights Watch (HRW) revela que el estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 ha resultado en la detención arbitraria de más de 3,000 menores en El Salvador. Según HRW, estos niños y adolescentes han sido sometidos a juicios con violaciones al debido proceso y condenados sin pruebas sólidas, principalmente bajo la acusación de pertenecer a pandillas. Más de 1,000 menores han sido condenados bajo estas circunstancias, lo que ha desatado una ola de críticas internacionales.
El informe de 114 páginas, titulado "Su hijo no existe aquí: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador", se basa en más de 90 entrevistas con víctimas de abusos, sus familiares, abogados, testigos, jueces, policías, expertos en seguridad, maestros, exfuncionarios gubernamentales, periodistas y miembros de la sociedad civil. HRW también revisó expedientes judiciales y documentos oficiales para sustentar sus hallazgos.
Las condiciones de detención descritas en el informe son deplorables. HRW documenta casos de malos tratos, torturas, hacinamiento, falta de acceso a alimentación y atención médica adecuadas, y la detención de menores junto a adultos. Los menores han sido forzados a realizar confesiones falsas mediante acuerdos judiciales abusivos y a veces bajo tortura. En muchos casos, jueces y fiscales han mantenido a los niños en detención provisional prolongada, exponiéndolos a mayores riesgos de abuso.
Ejemplos concretos de abuso incluyen el caso de Nicolás, un estudiante de 16 años, detenido arbitrariamente en su escuela y condenado a dos años y seis meses de prisión sin pruebas concretas. Otro caso es el de Óscar, de 17 años, quien fue detenido y golpeado repetidamente durante su detención en un centro de menores antes de ser liberado cinco meses después. Carolina, de 17 años, fue detenida sin orden judicial y presionada para que confesara crímenes que no cometió.
El estado de excepción se instauró en respuesta a la violencia ejercida por las pandillas en El Salvador, que sometían a la población a un ambiente de terror y extorsión. Sin embargo, las medidas han sido criticadas por su severidad y las violaciones a los derechos humanos que han implicado. HRW urge al gobierno salvadoreño a implementar una política de seguridad que respete los derechos humanos, desmantele las pandillas y proteja a los menores de ser reclutados.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, concluye: "El Gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades".
(Foto: Colprensa)
