El panorama económico de la industria de plásticos en Colombia enfrenta un cambio radical con la entrada en vigencia de la Ley 2232 desde el 7 de julio. Esta legislación prohíbe varios tipos de empaques y objetos de plástico, estimando un impacto financiero de hasta $1,1 billones para el sector. Según Acoplásticos, la implementación de esta normativa podría resultar en la pérdida de hasta 12.000 empleos para el año 2030.
Paula Ocampo, vicepresidente de Acoplásticos, expresó preocupación por el corto plazo dado para la adaptación, especialmente para aquellos sectores como la producción de bolsas de un solo uso, que no tuvieron suficiente tiempo para reconvertirse. La Resolución 803 del Ministerio de Ambiente, publicada apenas 10 días antes de la entrada en vigencia de la prohibición, ha complicado aún más la situación al requerir certificaciones para las excepciones, como las bolsas hechas 100% de material reciclado.
Cristian Halaby, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, señaló que cerca de 6.500 empresas, muchas de ellas pequeñas, se verán afectadas por esta normativa. Los comerciantes, en particular, enfrentarán desafíos significativos al buscar alternativas para empacar productos como frutas y verduras, sin contar con claridad sobre los materiales que podrían sustituir los empaques de plástico de precorte.
La transición hacia materiales biodegradables y compostables también implica costos más elevados, además de la necesidad de realizar pruebas en laboratorios internacionales, lo que añade una carga financiera adicional en un contexto de volatilidad cambiaria. Ante estas dificultades, Ocampo hizo hincapié en la importancia de avanzar rápidamente en un plan de reconversión industrial y adaptación laboral que facilite la transición para las empresas menos preparadas.
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