La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) refutó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la compra del controvertido software espía Pegasus. La respuesta surge a raíz de un derecho de petición presentado por el abogado Santiago Suárez, que había solicitado claridad sobre el uso de dicha tecnología.
En un informe oficial, la Dipol aseguró que tras una revisión exhaustiva en sus sistemas de gestión de hardware y software, así como en su plataforma de contratación pública, no se hallaron registros de adquisición del software Pegasus. El comunicado subraya que no existe ningún proceso contractual, equipo o software relacionado con Pegasus dentro de la Dipol, y que toda su actividad contractual es transparente y accesible a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
El informe, firmado por el teniente coronel Sergio Fernando Gómez, subdirector de Inteligencia Policial, también aclara que las presuntas interceptaciones mencionadas no corresponden a las funciones de la Dipol. Esto responde a las declaraciones del presidente Petro, quien en un discurso del 4 de septiembre había afirmado que la entidad había adquirido Pegasus, lo que provocó un debate intenso sobre la legalidad y el alcance de las tecnologías de vigilancia en Colombia.
Las acusaciones del presidente llevaron incluso a sanciones impuestas por el Egmont Group of Financial Intelligence Units, que alegó que las declaraciones comprometieron la confidencialidad de la información. La discrepancia entre las afirmaciones del gobierno y la declaración de la Dipol ha generado inquietud sobre la transparencia en el manejo de tecnologías de vigilancia.
Santiago Suárez, el abogado detrás del derecho de petición, ha expresado preocupación por la aparente contradicción entre la versión oficial de la Dipol y las afirmaciones del presidente. Suárez ha instado a una revisión más profunda por parte de los organismos de control del Estado para verificar el uso de tecnologías espía y garantizar que se adhieran a las normativas vigentes, asegurando así la protección de los derechos ciudadanos.
El caso sigue siendo objeto de debate, mientras los ciudadanos y las autoridades esperan una mayor claridad sobre el uso de tecnologías de vigilancia en el país.
(Foto: cortesia)
