En una sorprendente jugada política, el Congreso de Colombia ha rechazado el presupuesto presentado por el Gobierno para el año 2025, dejando en la cuerda floja la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro. La negativa a aprobar el monto de 523 billones de pesos, que contempla un déficit de 12 billones, desata una crisis que va más allá de las finanzas nacionales y pone en evidencia un creciente desencuentro entre el Ejecutivo progresista y el Legislativo.
El rechazo del presupuesto ocurre en un momento crítico para Petro, quien ha intentado, sin éxito hasta ahora, forjar un consenso nacional en torno a reformas clave como la de salud, laboral y pensiones. La confrontación con las mayorías en el Senado se suma a un historial reciente de fracasos legislativos, como el rechazo a la reforma sanitaria por parte del Senado tras su aprobación en la Cámara de Representantes.
El proceso presupuestario en Colombia es especialmente complejo. El Congreso debe aprobar el monto total antes de detallar la distribución de los recursos. El rechazo al presupuesto propuesto por el Gobierno también impide el avance de la ley de financiamiento, que debía acompañar al proyecto para cubrir el déficit previsto. La ley de financiamiento, que incluye aumentos impositivos y cambios en la regla fiscal, es crucial para que el Gobierno pueda cerrar el hueco financiero.
La negativa del Congreso ha desatado un interrogante sobre el futuro inmediato de la administración de Petro. A pesar de los esfuerzos de Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, por construir un acuerdo nacional, el choque político actual sugiere que los próximos meses serán decisivos para determinar si el Gobierno puede avanzar con sus reformas o si se verá forzado a gobernar mediante decretos.
El Congreso tiene hasta el jueves para zanjar la crisis y definir si el presupuesto se aprobará en alguna de las propuestas alternativas o si se impondrá el monto inicial de 523 billones de pesos. En cualquier caso, la falta de acuerdo en torno al presupuesto y a la ley de financiamiento plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para implementar su agenda reformista y mantener la estabilidad fiscal en el país.
(Foto: Cortesía Congreso)
